Con la entrada en vigor de la Ley 2430 de 2024, que reformó de manera sustancial la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, se habilita por primera vez en Colombia la posibilidad de realizar concursos cerrados de ascenso para empleados y funcionarios judiciales escalafonados en la carrera judicial. Esta transformación normativa permite que quienes ya forman parte del servicio judicial y cuentan con trayectoria y permanencia, puedan ascender a cargos de mayor jerarquía a través de mecanismos propios y diferenciados del concurso abierto.

El nuevo artículo 163 de la Ley 270, modificado por la Ley 2430, dispone que los procesos de selección serán permanentes y se desarrollarán mediante dos modalidades: ingreso público y abierto, y ascenso. La modalidad de ascenso se aplica exclusivamente a quienes ya están escalafonados en la carrera judicial, permitiendo que accedan al cargo inmediatamente superior dentro de la misma especialidad (en el caso de los funcionarios) o jurisdicción (en el caso de los empleados), siempre que cumplan los requisitos legales establecidos.

Este tipo de concurso cerrado de ascenso cubrirá el 30 % de las vacantes ofertadas por categoría, mientras que el 70 % restante será provisto mediante concurso público y abierto. Para participar, el servidor judicial debe estar escalafonado, acreditar una permanencia mínima de cuatro años en el cargo si es funcionario, o de dos años si es empleado, y contar con una evaluación de servicios en firme con una calificación no inferior a 85 puntos.

Esta modificación normativa pone fin a una larga tradición en la que todos los concursos en la Rama Judicial eran públicos y abiertos, sin distinción entre aspirantes externos y servidores judiciales en carrera. Con la Ley 2430 de 2024, el ordenamiento jurídico reconoce expresamente el mérito interno, permitiendo que los ascensos se realicen bajo condiciones regladas que estimulan la permanencia, el buen desempeño y el desarrollo profesional dentro de la administración de justicia.

En línea con esta reforma, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adelanta el proceso de Licitación Pública LP-05-2025, cuyo objeto es contratar al operador que se encargará de verificar los requisitos habilitantes de los aspirantes, gestionar las solicitudes de revisión y atender las acciones legales derivadas del concurso. El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en los documentos oficiales del proceso, por lo cual la verificación de requisitos mínimos de los aspirantes deberá finalizar para esa fecha.

La audiencia de adjudicación del contrato se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 a las 9:00 a. m., momento en el que se definirá la entidad responsable de acompañar técnicamente el desarrollo de las etapas del proceso de selección.

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