Te presentamos la Competencia Diagnóstico Jurídico que se evalúa en el Examen de Estado de Idoneidad para Abogados

El Examen de Estado de Idoneidad para Abogados se aplicó en su tercera versión el 15 de junio de 2025, y la cuarta convocatoria se llevará a cabo en octubre de este mismo año. Esta evaluación, organizada por el Consejo Superior de la Judicatura y aplicada por el ICFES, tiene como objetivo verificar la idoneidad profesional de quienes aspiran a obtener la tarjeta profesional de abogado.

Una de las tres competencias fundamentales que se evalúan en esta prueba es la Competencia Diagnóstico Jurídico, eje esencial del ejercicio profesional.

¿Qué es la Competencia Diagnóstico Jurídico?

Se trata de la capacidad que tiene un abogado para identificar los elementos jurídicamente relevantes de una situación concreta, establecer si se configura o no un problema jurídico y seleccionar la vía adecuada para su resolución, ya sea judicial o a través de mecanismos alternativos.

En el contexto del examen, esta competencia se valora mediante el análisis de casos jurídicos de frecuente ocurrencia, en los cuales el aspirante debe demostrar:

  • Que sabe distinguir entre hechos jurídicamente relevantes y elementos secundarios.
  • Que puede formular correctamente las pretensiones del caso y reconocer los medios de prueba pertinentes.
  • Que es capaz de determinar, con criterio estratégico y ético, si el conflicto debe resolverse en sede judicial o mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC).

¿Cómo se refleja esta competencia en el examen?

La Competencia Diagnóstico Jurídico se evalúa a través de 21 preguntas, que corresponden a un tercio del total de ítems del examen (63 preguntas en total). Las preguntas se presentan dentro de situaciones hipotéticas que exigen análisis, argumentación y toma de decisiones. No se trata de memorizar normas, sino de aplicar el conocimiento en contextos reales y con sentido práctico.

El modelo de evaluación, conocido como Diseño Centrado en Evidencias, busca comprobar si el aspirante posee las habilidades necesarias para asumir, con idoneidad, la defensa de los derechos e intereses jurídicos de terceros.

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