El Examen de Estado de Idoneidad para Abogados se aplicó en su tercera versión el 15 de junio de 2025, mientras que la cuarta convocatoria se realizará en el mes de octubre del mismo año. Esta evaluación, establecida por la Ley 1905 de 2018, es organizada por el Consejo Superior de la Judicatura y aplicada por el ICFES, y constituye un paso obligatorio para obtener la tarjeta profesional que habilita para ejercer la representación jurídica en Colombia.

A diferencia de otros exámenes de conocimientos jurídicos, esta prueba se estructura a partir de situaciones hipotéticas, inspiradas en casos de frecuente ocurrencia profesional. Su objetivo no es medir la memorización de normas, sino la capacidad del aspirante para analizar hechos, interpretar disposiciones jurídicas y tomar decisiones ajustadas al derecho, a la ética y al orden constitucional.

El examen está compuesto por 63 preguntas de selección múltiple con única respuesta, distribuidas en tres competencias fundamentales: diagnóstico jurídico, comunicación en el ámbito jurídico y defensa de la Constitución y de la deontología profesional. Cada competencia aporta 21 preguntas, que se formulan con base en casos hipotéticos y están diseñadas para evaluar habilidades aplicadas y no solo conocimientos teóricos.

¿Cómo son las preguntas del examen?

• Son de selección múltiple con única respuesta.
• Se presentan dentro de un contexto o caso, generalmente redactado como una situación realista.
• Evalúan competencias jurídicas, comunicativas y deontológicas de forma integrada.
• Cada pregunta ofrece tres opciones de respuesta, técnicamente plausibles, diseñadas con base en el modelo de Diseño Centrado en Evidencias.

Este modelo exige que el aspirante justifique su elección a partir del análisis cuidadoso del caso, evitando respuestas intuitivas o memorísticas.

A continuación, citamos textualmente un ejemplo incluido en nuestra guía pedagógica, correspondiente a la competencia diagnóstico-jurídico:

Situación – Competencia Diagnóstico Jurídica

A su oficina llega una persona buscando interponer una acción de tutela.

Le solicita interponer esta acción constitucional contra la empresa en la que laboraba, al considerar transgredidos sus derechos como consecuencia de la falta de pago de salarios y algunas prestaciones sociales al momento de liquidar el contrato de trabajo, del cual por cierto fue despedido.

En los hechos, el usuario aduce que inicialmente pretendía llevar a cabo un proceso de conciliación extrajudicial para llegar a un acuerdo con la empresa, pero un familiar que es abogado le indicó que este mecanismo en el caso puntual no era necesario para demandar, por lo que optó por interponer una acción de tutela.

Con la acción de tutela busca que le sea pagado lo adeudado.

1. Usted le recomienda al usuario NO acudir a la acción de tutela pues:

A. este tipo de asuntos deben discutirse en la jurisdicción ordinaria laboral
B. primero se debe de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación
C. esta acción constitucional no ha sido prevista para proteger el derecho al trabajo

2. En el caso mencionado donde el abogado familiar del usuario indica que la conciliación extrajudicial en materia laboral no es necesaria, usted le informa al usuario que en efecto esto es cierto pues:

A. No es posible conciliar sobre asuntos laborales
B. La conciliación en asuntos laborales solo es un requisito de procedibilidad cuando se reclaman derechos inciertos y discutibles
C. Pues por regla general la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones, lo cual no aplica en asuntos laborales

3. En el caso planteado, usted le informa al usuario que la jurisdicción competente para solucionar las controversias mencionadas:

A. La jurisdicción ordinaria
B. La jurisdicción constitucional
C. La jurisdicción contencioso administrativa

Las tres preguntas evalúan la competencia diagnóstico-jurídico porque exigen al aspirante identificar hechos jurídicamente relevantes en una situación concreta, reconocer el problema jurídico subyacente, seleccionar la vía procesal adecuada y descartar mecanismos improcedentes. En conjunto, requieren aplicar criterios normativos, interpretar el alcance de figuras procesales como la tutela y la conciliación, y determinar con precisión la jurisdicción competente, lo que evidencia la capacidad de analizar casos reales y proponer soluciones jurídicas técnicamente fundadas, tal como lo exige esta competencia en el ejercicio profesional del abogado.

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