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La Universidad de Antioquia ha sido seleccionada como operador del Concurso Público de Méritos para la Procuraduría General de la Nación 2026 y, conforme a lo previsto en el Contrato Derivado 225 de 2025 suscrito entre las entidades, se espera que para julio de 2026 incluso quede finalizada la verificación de requisitos mínimos, con la publicación de la lista de admitidos y no admitidos. Este primer paso marca el ritmo de una convocatoria que, por su naturaleza, se rige por un marco particular: el régimen especial de carrera administrativa de la Procuraduría.
Cuando hablamos de régimen especial de carrera administrativa, nos referimos a que la Procuraduría General de la Nación cuenta con reglas propias para organizar y administrar su carrera, de manera diferenciada frente al régimen general. La razón de fondo está en la Constitución Política: el artículo 279 dispone que la ley definirá lo relativo a la estructura y funcionamiento de la entidad y, especialmente, aspectos como el ingreso mediante concurso de méritos, el retiro del servicio, las inhabilidades e incompatibilidades, la denominación y calidades de los empleos, la remuneración y el régimen disciplinario de todos los servidores de este organismo.
En la práctica, esa habilitación constitucional ha sido entendida como el soporte para que la Procuraduría, por ser un órgano de control con funciones constitucionales propias, tenga un modelo de carrera en el que la administración y vigilancia de su sistema no recaen en la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), sino en la misma entidad. En otras palabras, la Procuraduría no solo participa en el concurso: también está llamada a dirigir su organización, dentro de los límites que impone la Constitución y la ley.
Este punto es clave para cualquier aspirante que esté siguiendo el Concurso de Méritos Procuraduría 2026: entender el régimen especial ayuda a comprender por qué la entidad puede reglamentar etapas, definir instrumentos de selección y estructurar su proceso con un operador técnico, como la Universidad de Antioquia, sin que eso implique desconocer el mérito como regla de ingreso.
El régimen especial se concreta en competencias que permiten a la entidad gestionar integralmente su carrera administrativa. En términos generales, la Procuraduría puede expedir el manual de funciones y requisitos de sus empleos, competencia atribuida de forma exclusiva al Procurador General de la Nación. Además, le corresponde convocar concursos públicos de méritos para proveer empleos de carrera cuando existan vacantes definitivas.
También forma parte de este diseño la facultad de seleccionar una universidad o institución de educación superior que ejecute las actividades técnicas y operativas del concurso. Bajo esa lógica se entiende la elección de la Universidad de Antioquia como operador del Concurso de Méritos de la Procuraduría 2026, pues la entidad requiere apoyo especializado para garantizar trazabilidad, estandarización y seguridad en etapas críticas como verificación de requisitos mínimos, diseño y aplicación de pruebas.
A lo anterior se suma la atribución de definir pruebas e instrumentos de selección dentro de los parámetros legales, conformar listas de elegibles y efectuar la vinculación con base en esas listas. De manera excepcional, y solo cuando el ordenamiento lo permite, la entidad puede acudir a figuras como el encargo o la provisionalidad. Finalmente, el régimen especial incluye la posibilidad de diseñar e implementar un sistema propio de evaluación del desempeño laboral, coherente con la estructura y necesidades del órgano de control.
Aunque el régimen especial de carrera administrativa reconoce autonomía, esa autonomía no es discrecional ni ilimitada. El primer límite es esencial para los aspirantes: los requisitos mínimos de los empleos no se inventan caso por caso, ni dependen del criterio del momento. Los requisitos están definidos por la ley, y el manual de funciones debe reflejar con fidelidad esos elementos. Por eso, en la etapa de verificación de requisitos mínimos (que se proyecta finalice hacia julio de 2026), los soportes de formación y experiencia deben ajustarse estrictamente a lo exigido para cada empleo.
El segundo límite tiene impacto directo en el tema salarial: la fijación del régimen salarial de los servidores de la Procuraduría no le corresponde a la entidad, sino al Gobierno Nacional, que define anualmente las asignaciones salariales.
El tercer límite se relaciona con las reglas de los concursos: la estructura general de un concurso de méritos está marcada por la ley. La Procuraduría puede reglamentar y desarrollar el concurso específico, pero sin crear exigencias que desborden el marco legal ni modificar las reglas superiores que garantizan igualdad, debido proceso y selección objetiva por mérito.
Para quienes quieren ingresar por el Concurso Público de Méritos Procuraduría 2026, entender el régimen especial de carrera administrativa no es un detalle teórico: es una herramienta práctica para anticipar cómo se ordenan las etapas, por qué la Procuraduría dirige su proceso, cuál es el papel del operador (Universidad de Antioquia) y por qué la verificación de requisitos mínimos se convierte en un filtro decisivo, con listas de admitidos y no admitidos que pueden definir el rumbo del aspirante desde el inicio.
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